E l 17 de octubre de 2023, el Consejo de Ministros anunció la aprobación de un Decreto Legislativo que impondrá sanciones mucho más severas para los robos de teléfonos móviles y equipos informáticos en el país. Bajo esta medida, se establece la posibilidad de condenas de hasta 30 años de prisión en casos de robos que involucren agravantes, como el uso de explosivos o vehículos motorizados.

La iniciativa, liderada por el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, tiene como objetivo principal combatir la creciente inseguridad ciudadana y el comercio ilegal de teléfonos celulares en el país. Esta acción se enmarca en las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República en materia de seguridad ciudadana.

Además de las penas más duras para el robo de dispositivos móviles, se han incorporado otras modalidades de delitos en esta medida. Entre ellas se encuentra la receptación, que consiste en proporcionar documentos para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes robados. Asimismo, se penaliza la comercialización o importación de equipos que permitan la adulteración de los códigos IMEI, MAC o SIM. También se incluyen como tipos penales la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.

En resumen, esta acción legislativa tiene como objetivo proteger a los ciudadanos de la creciente inseguridad y prevenir el comercio ilegal de dispositivos móviles, estableciendo penas más severas para los delincuentes involucrados en robos de este tipo.